LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, AMIGOS DE LA POLITIQUERÍA

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, AMIGOS DE LA POLITIQUERÍA

Así lo publicó el Tiempo el 7 de marzo de 1992. 

La Procuraduría General de la Nación entregó ayer un completo informe sobre participación en política de funcionarios públicos durante las elecciones legislativas y de gobernadores, realizadas el pasado 27 de octubre. El informe destaca que la Procuraduría solicitó la destitución de 22 funcionarios estatales por participar en política durante las elecciones de octubre; entre estos se encuentran cinco alcaldes.

Abrió, igualmente, pliego de cargos a los ex gobernadores de Boyacá, Ricardo Alberto Mendieta; y el de Cesar, Abrahan Romero Ariza.

En investigación se encuentran los de Quindío, Alberto Restrepo Jaramillo; y los ex gobernadores titular y encargado de Chocó, María Ramírez y Napoleón García.

Según la Procuraduría la participación en política de los Gobernadores se da generalmente a través de nombramientos de personal durante plena campaña y el despido masivo de funcionarios sin causas justificadas.

El informe entregado por el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, dice que el organismo a su cargo solicitó la destitución de los alcaldes antioqueños de La Estrella, María Eugenia Carmona; y el de Copacabana, Ramón Rivera Mesa.

La misma medida cobija al alcalde de Guática (Risaralda), Alberto Bayer Betancur; al de Buesaco (Ñariño), Hugo Ramiro Rosero, y al de Florida (Valle), Marino Hormaza Potes.

La solicitud de destitución se basa en que los alcaldes declararon insubsistentes a funcionarios públicos en plena campaña electoral sin motivos justos, orientaron directamente a los sufragantes para que votaran por un candidato determinado, por haber portado propaganda política y por participar en manifestaciones.

El documento, que fue elaborado por la Oficina de Asuntos Electorales de la Procuraduría, a cargo del procurador auxiliar, Weiner César Ariza, dice que durante las pasadas elecciones se recibieron 748 quejas por participación en política, de estas quedaron vigentes 604.

El documento dice que 22 gobernadores, 186 alcaldes, 14 personeros, 43 secretarios de administración departamental y municipal, 39 funcionarios de la Contraloría y 30 de la Registraduría fueron acusados de participar en política.

De éstos, 41 funcionarios fueron sancionados, 30 absueltos, 48 investigaciones tienen providencia en primera instancia y 48 en segunda, y los demás procesos están en trámite.

Dentro de las investigaciones que se encuentran en trámite están las de los alcaldes de Arauca (Arauca) José Gregorio González; y los de Tibaná y San José del Pare (Boyacá), Carlos Romero y Alejandro Muñoz. Otras destituciones Con solicitud de destitución también están cobijados el gerente de la Industria Licorera de Boyacá, Jairo Roberto García; el secretario de Obras Públicas de Armenia, Carlos Eduardo Ospina; yel secretario de Gobierno de ese mismo departamento, Carlos Alberto García.

Otras solicitudes de destituciones son para el director de Extensión Cultural, la directora de Fomento y Turismo y el tesorero municipal de Sevilla (Valle), Fernando Duque Naranjo, Luz Elvira Ríos y Nidia Arias Quintero, respectivamente.

Contra los funcionarios del municipio antioqueño de Copacabana Vicente Horacio Acosta y Jorge García, secretario de Gobierno y contralor municipal, también hay solicitud de destitución.

El informe destaca igualmente que el gerente de la Lotería La Sabanera de Sincelejo (Sucre) Fernando Antonio Vergara, y la gerente del Acueducto del mismo municipio, Leonor Sierra, también están sancionados con solicitud de destitución.

En Risaralda, los implicados son Fixonder de Jesús Quiroz, director del Centro Experimental Piloto, y Carlos Alberto Castrillón, profesor del mismo centro educativo.

Otros personas castigadas con la solicitud de destitución son los contralores generales del departamento de Nariño, Pedro Sánchez y Luis Edmundo Sotelo.